La Fiscalía Superior de Catalunya ha confirmado este miércoles la petición de un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
Así lo ha indicado en el trámite de conclusiones durante la segunda sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el fiscal Pedro Ariche, que solo ha incluido algunas modificaciones en su escrito de acusación.
Según el Ministerio Público, los acusados presuntamente cometieron un delito de desobediencia continuada al "permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente".
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